A la Unión Europea le preocupa la presente situación de dependencia energética del conjunto de los estados miembros, su escasez de recursos energéticos, el cambio climático y, cómo no, la crisis económica. Para la superación de esos retos, considera que la eficiencia energética podría jugar un papel muy importante, al reducir el consumo y las importaciones de energía, mejorando la seguridad del abastecimiento y disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero para, a su vez, servir como impulso para la creación de un tejido empresarial innovador, el crecimiento económico, la creación de empleo y, en definitiva, la competitividad de los países que conforman la Unión.

La Unión ha establecido, como meta, el ahorro de un 20% del consumo de energía para el año 2020, a través de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, estableciendo una serie de pautas para su desarrollo, que se podrían encuadrar en las siguientes:

 

1. Eficiencia energética en el sector público: Modelo de ejemplo para el sector privado y conjunto de la ciudadanía, cuyos ahorros posibilitan la liberación de recursos públicos que se podrían destinar a otros fines.

2. Eficiencia energética para la renovación de edificios residenciales y comerciales, con la mejora constante del rendimiento energético del parque inmobiliario actual.

3. Auditorías energéticas en la Pequeña y Mediana Empresa (PYME).

4. Auditorías energéticas obligatorias y periódicas en las grandes empresas.

5. Sistemas nacionales de obligaciones de eficiencia energética para las empresas de gas y electricidad, proporcionándoles la posibilidad de ofrecer servicios energéticos a todos los consumidores.

 

La correcta acometida, por parte de los estados miembros, de las medidas propuestas revitalizaría los sectores de la construcción, arquitectura, consultoría e ingeniería, aumentando la competencia en el mercado de la energía al permitir la diferenciación y complementariedad de servicios de eficiencia energética.

Como medio para respaldar las iniciativas nacionales, las empresas de gas y electricidad podrían cumplir con sus obligaciones en materia de eficiencia energética contribuyendo a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética de forma anual, de tal forma que se alcanzase el objetivo propuesto para el 2020 con la continúa consecución, en cada año, de un ahorro equivalente al 1,5% de sus ventas de energía.

Con este fin, el Gobierno de España ha creado el conocido como Fondo Nacional de Eficiencia Energética, cuyo órgano gestor es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), dotado con una cuantía económica abonada por las empresas comercializadoras de gas y electricidad, así como los operadores de productos petrolíferos y gases licuados al por mayor, obligados a pagar una cuota anual, según unos criterios de reparto del objetivo de ahorro que cada año se establece.

 

El IDAE será dotado con una cuantía económica abonada por las empresas comercializadoras de gas y electricidad, así como los operadores de productos petrolíferos y gases licuados al por mayor, obligados a pagar una cuota anual.

 

El Fondo Nacional de Eficiencia Energética permitirá la puesta en marcha de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e información y otras medidas destinadas a la eficiencia energética en los diferentes sectores. Su figura se establece en la Ley 18/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. A su vez, en la Orden IET/289/2015, se publica la cuantía a pagar por cada uno de los comercializadores y operadores, cuyo total supera los 240 millones en el año 2015, adicionales a los ya aportados para la mitad del pasado 2014.

La práctica totalidad de las comercializadoras de electricidad deben contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con una aportación proporcional a su volumen final de ventas de energía. Las empresas con un mayor volumen y cifra de negocio son las que más pagan, pero porque son las que mueven más energía.

La dotación de este fondo de eficiencia tiene un ligero efecto sobre los consumidores eléctricos y de otros productos energéticos como el gas o los combustibles de automoción. En el caso de una vivienda media, el efecto supone un incremento de 1€ anual, que servirá para aplicar posteriormente medidas de eficiencia y ahorro energético.

Esta aportación económica se repercute a los consumidores finales, aumentando el coste del suministro eléctrico, aunque con una implicación prácticamente despreciable, al repartir el importe económico equivalente de ahorro para el año 2015 entre el conjunto de ventas de energía no solo de comercializadoras de energía eléctrica, sino también de suministradoras de gas, petroleras, etc. El resultado aproximado de la subida incide sobre el término de consumo, o energía activa, aumentándolo aproximadamente 0,03 céntimos de euro por cada kWh que demandemos. Para una vivienda común, tal modificación sólo supone 1 € más al año.

No obstante, considerando que hasta hace pocos años una de las principales partidas económicas que servía como financiación principal del IDAE se sufragaba con arreglo a los peajes de energía eléctrica, nos encontramos con una -aunque reducida- nueva subida que el Gobierno obliga a acometer a las comercializadoras, por fuera de uno de los conceptos regulados que tanto se ha enorgullecido de congelar: los propios peajes, al igual que sucedió con el servicio de el servicio de interrumpibilidad.

 

Nos encontramos con una -aunque reducida- nueva subida encubierta que el Gobierno fuerza a acometer a las comercializadoras.

 

La lógica presupone que esta mayor dotación económica para la eficiencia energética debería promover los objetivos definidos e impuestos por la Unión Europea, muy ambiciosos pero alcanzables. Verdaderamente las políticas en esta materia tienen que enfocarse en la senda correcta y no limitarse a la subvención por la subvención, primando el ahorro de la medida acometida con el esfuerzo del conjunto de la ciudadanía, que demanda una energía renovable, eficiente y comprometida.