Es frecuente que se ataque el que algunas centrales de producción eléctrica, sobre todo los ciclos combinados de gas, pero también las de carbón, fuel y ciertas hidráulicas, cobren por el hecho de existir, sin que estén produciendo energía ninguna. Desde luego, al sentido común le chirría eso de que reciban euros contantes y sonantes por no hacer nada. Sin embargo, ese pago, denominado “pago por capacidad”, tiene justificación, pero a medio y largo plazo es contraproducente para el desarrollo de las energías renovables.

Esa justificación consiste en que esas instalaciones pueden producir energía cuando se desea –basta que se les suministre combustible o dispongan de agua embalsada–, y son necesarias para garantizar que haya electricidad en todo momento, especialmente en algunas frías noches en que ya se ha puesto el sol y no sopla el viento. Sin ellas, se producirían apagones. Teóricamente, el pago por capacidad sirve para garantizar que esas instalaciones se amorticen, algo que podría no ocurrir si sólo cobrasen cuando están produciendo energía.

Se trata de un dinero que las empresas eléctricas llevan recibiendo desde hace muchos años –antes se llamaba “garantía de potencia”– y que siempre ha levantado polémica, sobre todo por dos razones: el monto de las cantidades percibidas –en algunos casos han cubierto alrededor de un tercio de los costes de inversión de nuevas centrales– y el oscurantismo que lo rodea, tanto por la complejidad de los conceptos que engloba –incentivo a la inversión, disponibilidad de las centrales, reducción de las emisiones de azufre– como por el hecho de que en la tarifa eléctrica no se incluyan en los visibles peajes de acceso, sino disfrazados en las liquidaciones del Mercado.

Se trata de un dinero que las empresas eléctricas llevan recibiendo desde hace muchos años –antes se llamaba “garantía de potencia”– y que siempre ha levantado polémica

 

Un coste inextricable

 

Su coste anual oficial ronda los 800 millones al año, si bien en los informes de REE, la empresa semipública que liquida el resultado del Mercado, se indica que los consumidores abonamos por ellos unos seis euros por cada MWh, lo que arrojaría un monto final de 1.400 millones. ¿Por qué tanta diferencia? Pues vaya usted a saber; pregunte a los responsables, a ver si es capaz de obtener alguna respuesta.

Sea como fuere, las eléctricas están demandando un incremento del pago por capacidad como resultado del auge de las renovables. Su gran crecimiento hasta hace un par de años ha tenido dos efectos nefastos para las cuentas de los ciclos combinados: por un lado, la energía limpia ha desplazado a la energía sucia –la producción de los ciclos ha caído un 70% desde 2008 y este año operan a un 10% de sus posibilidades–, y, por otro, la oferta a precio cero de las renovables ha reducido el precio de casación del Mercado, de modo que los ciclos, cuando operan, cobran bastante menos de lo que preveían sus planes de negocio.

La última reforma eléctrica ha suprimido las primas para muchas instalaciones renovables, sobre todo eólicas, y éstas han empezado a ofertar un precio en el Mercado, lo que incrementará su precio de casación a medio plazo y beneficiará las cuentas de resultados de los ciclos. Empero, es difícil que esa subida sea suficiente para que la amortización y el beneficio obtenido por las empresas sea el esperado, ya que tendrá incidencia sólo en los momentos en que el precio de casación sea más bajo, porque haya mucho viento y mucha agua.

 

Argumentos defensores torticeros

 

El argumento que las eléctricas sucias trasladan a la opinión pública es el referido al inicio de este texto: que los ciclos son necesarios para “respaldar” la intermitente producción renovable y garantizar que no se produzcan apagones. Y es cierto, pero hasta cierto punto. Encopetados primeros espada de grandes compañías han llegado a decir sandeces como que por cada MW renovable hacía falta otro MW térmico para garantizar el suministro.

El desarrollo de un sistema de pago por capacidad no soluciona la intermitencia renovable; más bien al contrario. Puede solventar el innegable problema ahora, porque los mecanismos de gestión de la demanda y el almacenamiento están en pañales –como ocurre con las baterías– o no se quieren aplicar –los bombeos hidráulicos podrían funcionar como respaldo del sistema, en vez de hacerlo con criterios económicos–, pero a largo plazo son un freno para ambos.

El desarrollo de un sistema de pago por capacidad no soluciona la intermitencia renovable; más bien al contrario.

Efectivamente. Si aumentan los pagos por capacidad, se incentiva no invertir ni en tecnología de almacenamiento ni en gestión del sistema, dos elementos imprescindibles para alcanzar un modelo energético ciento por ciento renovable.

En realidad, el pago por capacidad resuelve el problemón económico de los ciclos combinados –se han invertido en ellos más de 13.000 millones en la última década–, pero no solventa ni el efecto de la oferta cero sobre el precio del Mercado ni, obviamente, hace que el sol luzca por las noches o que los molinos giren cuando no hay viento. En el primer caso hay que modificar el marginalista sistema de fijación de precios del Mercado y en el segundo caso, a menos que suceda un milagro, no hay solución posible.

 

Un apaño transitorio que hay que suprimir

Por lo tanto, el pago por capacidad puede ser un apaño transitorio en la aventura de conseguir un sistema totalmente renovable, pero no es, ni mucho menos, algo definitivo. Lo mejor sería que fueran reduciéndose paulatinamente, lo que además aportaría un excelente indicador del éxito de la penetración de las tecnologías verdes.

El pago por capacidad puede ser un apaño transitorio en la aventura de conseguir un sistema totalmente renovable, pero no es, ni mucho menos, algo definitivo

De momento el Gobierno, en julio de 2013, redujo retroactivamente los pagos correspondientes al incentivo a la inversión, desde 23.000 euros por MW instalado durante 10 años a 10.000 euros por MW instalado durante 20 años. También bajó la partida correspondiente a mejoras medioambientales, que pasó de 8.750 euros a 7.875. Todavía tiene que aprobar las nuevas reglas del pago por disponibilidad, actualmente fijado en unos 4.700 euros anuales por MW instalado. Así mismo, esta normativa pendiente debería incluir la posibilidad de que las centrales innecesarias “hibernen”, es decir, dejen de estar disponibles, evitando costes fijos a sus propietarios. Pero esa es otra historia.