Una parte importante de la reforma fiscal que cocina el profesor Montoro en el Ministerio de Hacienda consiste en establecer una fiscalidad ambiental de ámbito estatal que “armonice” los actuales y dispersos impuestos ambientales –o supuestamente ambientales– de las comunidades autónomas. En la literatura especializada, un impuesto ambiental se define como “aquel cuya base imponible es una unidad física que tiene un impacto negativo comprobado sobre el medio ambiente”.

La fiscalidad ambiental, por lo tanto, es una poderosa herramienta para influir en los hábitos de consumo y en el comportamiento de la sociedad, haciéndolos más sostenibles. La UE recomienda su implantación generalizada, así como su incremento sobre los niveles actuales en los casos en que ya se apliquen.

Según los datos de Eurostat, los impuestos verdes suponen el 6,3% de todos los impuestos; Incrementarlos hasta el 10% conllevaría un aumento del 1,4% del PIB comunitario, que podría usarse para reducir los déficits estatales u otras cargas impositivas, como la del trabajo. Adicionalmente, atraería inversión en tecnologías limpias y en eficiencia –tanto energética, como en el uso de agua o en el aprovechamiento de los residuos– que estimularían la industria y la creación de empleo, a la vez que se reduciría la dependencia de las importaciones.

La fiscalidad verde debería complementarse con la supresión de las ayudas –fiscales o de otro tipo– que siguen gozando las unidades físicas que tienen un impacto negativo comprobado sobre el medio ambiente, como ocurre con los combustibles fósiles. En España tenemos un caso clarísimo con el carbón.

La fiscalidad verde debería complementarse con la supresión de las ayudas que siguen gozando los combustibles fósiles

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Por otro lado, la fiscalidad ambiental guarda estrecha relación con el mercado de CO2, con el que no se debe confundir. El volumen de emisiones y el precio de la tonelada del gas son referencias y pueden influir directamente en lo recaudado; además, con la fiscalidad ambiental se introduce el efecto de dicho mercado en los llamados sectores difusos –no contemplados en el Protocolo de Kioto–, como el residencial, el transporte, el comercio, la agricultura, la gestión de residuos…

Técnicamente, la fiscalidad verde se divide en tres grandes áreas: energía, transporte, y contaminación y recursos.

Energía y fiscalidad ambiental

El consumo de combustibles fósiles es responsable de las tres cuartas partes de todas las emisiones de efecto invernadero, amén de otras muchas externalidades, como la emisión de partículas o los vertidos accidentales. Establecer gravámenes sobre los carburantes, la electricidad y los usos térmicos de la energía son algunas de las prácticas más extendidas de fiscalidad ambiental.

Establecer gravámenes sobre los carburantes, la electricidad y los usos térmicos de la energía son algunas de las prácticas más extendidas de fiscalidad ambiental

En España se da la paradoja de que el impuesto del 7% a la generación eléctrica aprobado en 2012, con la intención de atajar el déficit de tarifa, está siendo considerado un impuesto ambiental por el Ministerio de Hacienda, algo impropio, puesto que dicho impuesto afecta también a la generación renovable.

Transporte

Hay que distinguir entre los impuestos ambientales a la energía y los impuestos ambientales a los vehículos que aprovechan la energía al desplazarse. Gravar la matriculación en función de la eficiencia del vehículo y sus emisiones de CO2 y de gases contaminantes es una de las prácticas más comunes.

Contaminación y recursos

El área más grande y variada de las tres. Abarca desde los residuos y los vertederos, hasta la extracción y el tratamiento de aguas, pasando por envases, fertilizantes, pesticidas, gases nocivos… En España, las comunidades autónomas y las corporaciones locales son plenipotenciarias a la hora de regularlos…, todavía.