La nueva ley eléctrica nace con el objetivo casi exclusivo de eliminar en el tiempo, sin conseguirlo, el déficit tarifario. Bien al contrario, al final de este ejercicio éste déficit  va a aumentar ya que se contaba, en parte, con fondos presupuestarios que  nunca van a llegar, habida cuenta de la situación del déficit público.

Ello es así, porque en la tramitación parlamentaria el Grupo Popular a instancias del Gobierno ha introducido una enmienda en el Senado para anular el compromiso de la aportación de 2.200 millones de € como préstamo y de 900 M € con los que el Estado iba a contribuir a sufragar una parte de los mayores costes eléctricos en los territorios extrapeninsulares, con lo que el déficit se ve incrementado en alrededor de 400 M€ por los pagos de amortización y costes financieros que se incorporarán en el cálculo de tarifa de los años futuros.

Además las estimaciones de demanda que se elaboraron en la mitad del año estaban teñidas de voluntarismo y se han mantenido a pesar de que la evolución habida de la misma señalan una caída del 2,7% respecto al año anterior, ejercicio en el que también experimentó una caída similar, producto en parte de las políticas de ajuste y austeridad que han conducido a un retroceso espectacular de nuestra economía y, por otra parte, por la crisis económica global que tiene especial virulencia en España.

La reforma eléctrica renuncia al resto de los atributos que una ley, que debe enmarcar las actividades del sector eléctrico, debería incorporar. El correcto enfoque para afrontar soluciones estables en el sector energético pasa por disponer de una determinada política energética y un adecuado marco regulatorio. Sobre la primera cabe señalar que se sustenta en el mix energético,  esto es, en los tipos de energías que se quieren disponer en el futuro, lo que implica de se deben anticipar señales económicas para inversión inicial en innovación y en un adecuado desarrollo de política industrial para ese mix. También corresponde a la política energética la  decisión sobre la posición en la que se desee situar al país, en el triángulo de sostenibilidad medioambiental, competitividad económica y seguridad de suministro.

La seguridad juridica: totalmente cuestionada

La seguridad jurídica queda del todo cuestionada, como se indica más adelante, con un coste para la eventual presencia de la inversión futura así como para la marca España que ha quedado con todo ello malparada. Finalmente, la suficiencia financiera no se ve alcanzada ya que los ingresos reconocidos son inferiores a los costes financieros de las empresas.

La reforma no incorpora tampoco visión del largo plazo. ¿Hacia qué modelo y mix energético nos dirigimos? Parece que se apueste, en exclusiva, por las tecnologías convencionales que, como es conocido, son las más contaminantes.

El impacto sobre las empresas se centra en las renovables, que son totalmente necesarias para la disminución de las emisiones de efecto invernadero y para cumplir nuestros compromisos europeos en materia de reducción de emisiones, olvidando áreas de reducción de costes evidentes como la sobreretribución de la que continuaran disfrutando la generación nuclear y la hidráulica a pesar de su elevado período de maduración.

Las renovables se han desarrollado como resultado de una Política de Estado que buscaba diversificar el mix energético, respondiendo a las directrices de la UE, y que se apoyaba en las garantías de estabilidad y certeza de un marco regulatorio legalmente establecido.

La reforma del modelo renovable desatiende las garantías mínimas de seguridad de las inversiones que deberían ofrecerse en los mercados de un país desarrollado. Es retroactiva en su concepción, ya que fija ahora la retribución de toda la vida del activo, futura y pasada, “capturando” los ingresos percibidos hasta ahora (durante los 19 años pasados) y convirtiéndolos en un “ingreso a cuenta”, que se compensará con los ingresos futuros que deriven de un modelo de activo tipo que se crea hoy, en 2013.

Medidas retroactivas

Las medidas sobre las renovables son claramente retroactivas e «inventan» a posteriori un concepto de «empresa eficiente y bien gestionada». Fija ex post la rentabilidad “razonable” de los activos renovables, a un nivel que ignora por completo el riesgo tecnológico asumido en el momento de la inversión. Fija una rentabilidad de activo maduro a activos que cuando se invirtieron distaban de haber alcanzado esa madurez. Incumple (una vez que la inversión ya se ha realizado) el principio básico de cualquier inversión: que la rentabilidad de proyecto supere al coste medio ponderado de sus recursos (WACC). La llamada rentabilidad razonable no es razonable, se basa en una metodología errónea al no tener en cuenta el coste del capital WACC y da lugar a múltiples injusticias. Así la Ley va a desincentivar inversiones (a través de la disminución de ingresos por recortes o fiscalidades y por las exiguas retribuciones que impiden nueva financiación o refinanciación de deuda existente). Entre las renovables se primarían los mayores apalancamientos (mayores ROE).

La reforma incluye una figura de «empresa eficiente y bien gestionada» que es en la que se van a basar para definir la inversión y costes que reconocerá la O.M. de remuneraciones. Solo esa «empresa eficiente» tendrá la rentabilidad del 7,5%. Pero ¿qué es una empresa eficiente y bien gestionada? ¿Quién y en base a qué, va a definir la inversión y costes de esa empresa «eficiente» teórica? ¿Cómo pueden las empresas gestionar sus costes de inversión incurridos en el pasado si resulta que son distintos a los de un «empresa eficiente y bien gestionada»? En cualquier caso ninguna empresa habría hecho sus inversiones con la regulación que ahora se publica.

Peaje al autoconsumo y pagos por capacidad

Además, se pagará una especie de impuesto llamado “peaje de respaldo” por la energía autoproducida por la instalación de autoconsumo, aunque ésta nunca llegue a la red y se impondrán multas si no se paga, obligando a los productores y consumidores de electricidad de autoconsumo a firmar un contrato con la empresa distribuidora aun cuando –insisto- no se vierta la energía a la red.

Para disponer de una instalación de autoconsumo se debe realizar una solicitud a la compañía eléctrica y pagar los derechos de acometida, incluso cuando se trate de autoconsumo instantáneo que no vierte energía a la red. Se crea un registro administrativo de autoconsumo y se hace obligatoria la inscripción en este registro de todas las instalaciones existentes y futuras con multas de 30 M€ en caso de incumplimiento (la misma sanción que ésta tipificada por los incumplimientos de seguridad de las centrales nucleares, como si  las consecuencias para la sociedad fueran similares).

“A pesar de no necesitar nueva potencia hasta el año 2023 se sigue pagando cargos por capacidad e incluso por hibernación (aunque la generación es una actividad liberalizada)”

A pesar de no necesitar nueva potencia hasta el año 2023 se sigue pagando cargos por capacidad e incluso por hibernación (aunque la generación es una actividad liberalizada) y en cambio se recorta con rentabilidad de la distribución donde son precisas nuevas inversiones (redes inteligentes).

El coste de la electricidad seguirá siendo poco competitivo por tener incluidos costes no relacionados con el  suministro, agravado porque ahora, además, hay una alta fiscalidad recaudatoria. En fin, se trata de una reforma fallida que precisará en su momento de una reformulación para conseguir que el suministro eléctrico no sea un factor que reste competitividad a nuestro sector industrial y sea soportable para las economías domésticas tan castigadas con la errónea gestión de la prolongada crisis.