Con una puesta en escena tan improvisada como la medida adoptada, el Gobierno, a través de la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría, anunció el pasado viernes que iba a rebajar la parte regulada de la factura eléctrica y que se iban a reducir los cargos al autoconsumo de pequeña potencia. Sin embargo, en la referencia del Consejo de Ministros que se publicó tras la rueda de prensa, no se hacía alusión alguna a esas medidas, y ante las quejas de varios periodistas, en un hecho inusual, el Ministro Soria hizo pública una nota de voz (de muy mala calidad, por cierto) de 1 minuto y 20 segundos de duración en la que intentaba explicar la medida adoptada. El sábado se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 9/2015, que entre otras medidas, contenía las anunciadas el día anterior.

En concreto, son dos las medidas que interesan a efectos del sector eléctrico. La primera es una reducción del precio unitario para la financiación de los pagos por capacidad, ya que el mecanismo de restricciones por garantía de suministro que servía para fomentar el carbón nacional fue derogado el 31 de diciembre de 2014, y por lo tanto, en el año 2015 se estaba produciendo un “exceso de recaudación” en concepto de pagos por capacidad. La reducción total asciende a 245 MM EUR anuales, que al concentrarse en los meses de agosto-diciembre de 2015, supondrá un 2,2% de reducción en la factura doméstica. La segunda es una modificación del artículo 9 de la Ley del Sector Eléctrico, para permitir que se establezcan reducciones de la contribución de las instalaciones de suministro con autoconsumo de menos de 10 kW a los peajes, cargos y costes del sistema eléctrico.

La primera medida es indudablemente electoralista, y se enmarca dentro de todo un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar un puñado de votos, tales como devolver la paga extra a los funcionarios o adelantar la rebaja del IRPF. Se trata de una bajada de la tarifa del 2,2% en el año 2015, pero que luego subirá un 1% a partir de enero, debido a que en 2016, la reducción de 245 millones de EUR de ayudas al carbón se repartirá en 12 meses, no en 5. En otras palabras, el Gobierno está reconociendo que, por culpa de sus malas previsiones, los españoles hemos pagado de más en los primeros meses del año, y ahora nos lo devuelve.

Es una medida indudablemente electoralista, y se enmarca dentro de todo un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar un puñado de votos

Además, esta medida va justo en la dirección contraria de lo anunciado por Soria el pasado 16 de junio, cuando dijo que el superávit de la tarifa se destinaría a reducir deuda del sistema eléctrico. También entra en contradicción con el artículo 19 de la Ley del Sector Eléctrico, que establece que mientras haya deudas del sistema, el superávit deberá destinarse a pagar esas deudas. Y ese “exceso de recaudación” también demuestra que el Gobierno se ha pasado de frenada con los recortes a las renovables, que vendía como imprescindibles para reducir el déficit de tarifa, y que ahora se han demostrado que iban mucho más allá de lo necesario.

 

Descuentos en autoconsumo

Por su parte, la modificación del artículo 9 de la Ley del Sector Eléctrico, para, supuestamente reducir las cargas al autoconsumo de menor potencia, es un gesto de cara a la galería con escasa relevancia práctica. Según el párrafo incorporado por el RDL 9/2015:

“(…), de forma excepcional y siempre que se garantice la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema, con las condiciones que el Gobierno regule, se podrán establecer reducciones de peajes, cargos y costes para determinadas categorías de consumidores de baja tensión de la modalidad de suministro con autoconsumo. En todo caso, tanto la potencia máxima contratada de consumo como la instalada de generación no serán superiores a 10 kW

El Gobierno está reconociendo que, por culpa de sus malas previsiones, los españoles hemos pagado de más en los primeros meses del año, y ahora nos lo devuelve

Es decir, este artículo abre la puerta a que para las instalaciones de “suministro con autoconsumo” de menos de 10 kW se puedan establecer reducciones del “impuesto al sol”, como sucede en los territorios extrapeninsulares, siempre que reglamentariamente así se establezca. Para ello, el Gobierno tendría que volver a modificar la propuesta de Real Decreto de Autoconsumo que presentó el pasado 5 de junio, algo que hasta el momento no consta que haya hecho. En todo caso, esa potencial reducción resulta a todas luces insuficiente, si no va acompañada de una simplificación de los trámites administrativos para las instalaciones de pequeña potencia, que puedan ser desarrolladas con una mera notificación, no autorización, tal como señala el Documento de la Comisión Europea que se publicará esta semana.

Al margen de la poca utilidad práctica de esta modificación sobre autoconsumo, también hay que llamar la atención sobre el hecho de la supuesta estabilidad que traería la Ley de 2013 al Sector Eléctrico. Se vendió como una reforma “estructural”, “integral” y “duradera”. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que esto no fue así. Al margen de las normas de desarrollo adoptadas y las pendientes por adoptar, la Ley del Sector Eléctrico, desde el 27 de diciembre de 2013 hasta hoy, ha sido reformada ya 4 veces (Real Decreto-Ley 15/2014, Ley 32/2014, Ley 8/2015 y Real Decreto-Ley 9/2015).

El sector eléctrico, regulado a base de Real Decreto-Ley

Y por último, esta reforma añade un argumento más a favor de quienes sostienen que en el sector eléctrico, una figura pensada para situaciones extraordinarias, como es el Real Decreto-Ley, se ha convertido en el instrumento normativo más habitual (Real Decreto-Ley 14/2010, Real Decreto-Ley 1/2012, Real Decreto-Ley 13/2012, Real Decreto-Ley 20/2012, Real Decreto-Ley 29/2012, Real Decreto-Ley 2/2013, Real Decreto-Ley 9/2013, Real Decreto-Ley 17/2013, Real Decreto-Ley 9/2015), contraviniendo lo previsto en la Constitución Española, que fija como presupuesto habilitante para dictar un Real Decreto-Ley la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad. ¿A qué situación de necesidad responde una norma que abre la puerta a reducir los peajes para el autoconsumo de pequeña potencia, pero que no los reduce de inmediato? ¿Por qué no se estableció la reducción de la contribución a los pagos por capacidad desde principios de año, cuando ya se sabía que desaparecerían las ayudas al carbón el 31 de diciembre de 2014 desde hace varios años?

Sólo queda esperar a noviembre y desear que el nuevo Gobierno sí tenga una visión de conjunto sobre el sector eléctrico que permita solucionar de una vez sus problemas estructurales

El Tribunal Constitucional ha recordado, este mismo mes de julio, que no todo vale como excusa para legislar por Real Decreto-Ley en el sector eléctrico, y ha anulado parcialmente el Real Decreto-Ley 20/2012, porque la mera existencia de déficit de tarifa no es suficiente, por sí sola, para apreciar una situación de extraordinaria y urgente necesidad.

En conclusión, el Real Decreto-Ley 9/2015 constituye una medida electoralista e improvisada, que no sirve para subsanar las ilegalidades de la normativa española sobre autoconsumo ni supondrá una reducción del precio de la electricidad en el medio y largo plazo, pues no afronta ninguno de los problemas estructurales del sector eléctrico (falta de seguridad jurídica, ausencia de separación real de actividades entre segmentos del sistema eléctrico, falta de competencia real, mercado eléctrico que genera windfall profits…). Por suerte, la ciudadanía española está cada vez más informada en materia eléctrica y estoy seguro de que la táctica electoralista del Gobierno no funcionará. Ya sólo queda esperar a noviembre y desear que el nuevo Gobierno sí tenga una visión de conjunto sobre el sector eléctrico que permita solucionar de una vez sus problemas estructurales.