Por fin, con dos años de retraso sobre el mandato legal, REE ha presentado la Planificación Energética Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, el documento que plasma las futuras inversiones en redes de alta tensión en función del consumo de electricidad previsto hasta el final de la década. Se trata de una primera propuesta, pero su contenido es fundamental para saber cómo evolucionará el mix energético del país, incluidas las energías renovables, puesto que la capacidad de la red es uno de los grandes limitadores a la penetración de las fuentes limpias.

La anterior Planificación fue suspendida por el Gobierno en 2012, habida cuenta de lo absurdo de sus planteamientos –escandalosamente, no tuvo en cuenta la crisis económica– y hasta ahora no ha habido ninguna referencia acerca de las previsiones oficiales para los próximos años. Así, no había forma de saber cómo se piensa alcanzar el objetivo vinculante de cubrir un 20% de la demanda energética con fuentes renovables, es decir, en qué tecnologías se va a confiar para crecer desde el 16,6% registrado el año pasado.

La nueva Planificación parte de planteamientos más realistas, como un crecimiento del PIB del 2,5% anual, una reducción de la población en casi dos millones de personas, una mejora de la intensidad energética del 1,6% anual, un aumento de la demanda del 2% al año…, pero despierta dudas cuando se introduce el eterno distorsionador de los mercados energéticos: la política. Así, estima un precio creciente del petróleo hasta alcanzar los 115 dólares por barril en 2020, algo dudoso en función de la evolución reciente del crudo, que ha bajado un 40% y ronda los 50 dólares por barril como consecuencia de la decisión de la OPEP de mantener la producción.

La nueva Planificación parte de planteamientos más realistas, como un crecimiento del PIB del 2,5% anual, una reducción de la población en casi dos millones de personas, un aumento de la demanda del 2% al año…, pero despierta dudas cuando se introduce el eterno distorsionador de los mercados energéticos: la política

Ocurra lo que ocurra con el precio del crudo, un factor decisivo e imposible de prever, el Gobierno se ha curado en salud a la hora de establecer el desarrollo de las redes y lo ha restringido por la vía rápida: el presupuesto: el monto de la inversión anual en nuevas redes de transporte está limitado (Real Decreto 1047/2013) al 0,065% del PIB, alrededor de 650 millones de euros, una cantidad similar a la de los dos últimos ejercicios, pero inferior a la de los anteriores, en que rondó los 800 millones.

Esta reducción de la inversión en mejorar los tendidos y las subestaciones se justifica porque disponemos de unas infraestructuras eléctricas sobredimensionadas para las necesidades del país; nos sobran instalaciones de generación, después de que la inversión media anual en el sistema haya registrado un crecimiento del 30% entre 1998 y 2011, mientras que la demanda sólo subió un 2,8% en el mismo período.

¡Qué diferencia con el resto de Europa!

Sin embargo, una cosa es que tengamos de sobra para satisfacer nuestras necesidades y otra muy distinta es el modo en que cubramos esas necesidades: no es lo mismo ser sucio que limpio. Así lo ha entendido Alemania, que, además de cerrar sus centrales nucleares en 2022, se está planteando también clausurar centrales de carbón por sus elevadas emisiones y sustituirlas por renovables; así lo ha entendido también Dinamarca, que ha anunciado la prohibición de quemar carbón a partir de 2025 y usar más renovables; así lo ha entendido también Francia, que clausurará parte de su parque nuclear para sustituirlo por renovables; así lo ha entendido también Italia, donde Enel quiere cerrar más de 750 MW de gas, fuel y carbón e instalar más renovables.

Una cosa es que tengamos de sobra para satisfacer nuestras necesidades y otra muy distinta es el modo en que cubramos esas necesidades: no es lo mismo ser sucio que limpio

La nueva Planificación no comulga con esa tendencia en Europa, necesaria para evitar que el planeta –éste en el que vivimos– se caliente hasta el desastre. Más bien va en la dirección contraria: no se plantea la clausura de centrales de carbón, excepto los 1.350 MW que se prevé cerrar el año que viene, y se da por hecha la reapertura de la planta nuclear de Garoña en 2016. Respecto al gas, se augura la hibernación –cierre temporal– de 6.000 MW de ciclos combinados, que seguirán así después de 2020, puesto que sólo se volverán a abrir 400 MW al final de la década.

Aparte de la diferencia con nuestros vecinos inmediatos, donde la población exige que se tenga en cuenta la ecología, no deja de sorprender eso de que se mantengan abiertas las térmicas del caro y contaminante carbón, más que amortizadas, y se cierren las de gas, menos sucias y todavía por amortizar. Todavía no se ha aprobado la regulación de la hibernación de ciclos combinados y, vistas estas previsiones, seguro que trae sorpresas onerosas para los consumidores.

Renovables, las justitas para cumplir con la UE

En cuanto a las renovables, REE, que es el Operador del Sistema eléctrico, reduce la potencia instalada en 2020 de los 63.761 MW que preveía el Plan de Energías Renovables a 56.804 MW. Como la crisis ha bajado la demanda de energía a los niveles de hace 15 años, con eso debería bastar para cumplir con la UE, siempre y cuando también se alcancen los objetivos de renovables aplicadas al transporte y a los usos térmicos.

Este último aspecto es factible, pero no probable, habida cuenta de la evolución del mercado y el ojeriza del Gobierno hacia las renovables: sólo en el área de biocarburantes, el año pasado se modificó su senda de crecimiento, reduciendo más de un tercio su penetración, desde el 6,5% al 4,1% del combustible de automoción; el país tiene suficiente capacidad de producción para cubrir las necesidades del final de la década, fijadas en el 10%, siempre que las plantas no se oxiden por estar inoperativas. Cuando salga la normativa de hibernación de ciclos, más de una de las factorías de biodiésel desearán recibir un tratamiento similar.

En fin, el caso es que las energías renovables eléctricas escogidas para crecer durante los próximos cinco años son la eólica, que debería sumar 6.473 MW, y la fotovoltaica, que debería crecer en 1.370 MW. Les siguen las biomasas, con 275 MW, la solar termoeléctrica, con 211 MW, y la minihidráulica, con 208 MW. La previsión del documento de Planificación es que aumenten su peso en la cesta de generación un 4,7% anual en conjunto, algo ilusorio.

Un bonito brindis al sol

REE no tiene forma de conseguir que ese reparto se materialice y con la normativa actual no es factible que se haga. Además del pánico que genera la inversión en renovables por los atentados contra la seguridad jurídica cometidos por este y el anterior Gobierno, aún no se han definido las reglas del anunciado “mecanismo de concurrencia competitiva”, que servirá para adjudicar una “retribución específica” a las nuevas instalaciones. Y no hay fecha prevista para ello.

No debe extrañar, por tanto, que la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), haya anunciado recientemente que no espera que haya nuevas instalaciones de renovables en cuatro o cinco años. O que las instituciones europeas adviertan reiteradamente que España va a incumplir su objetivo de 2020 por los vaivenes regulatorios, el frenazo total al mercado y la retroactividad.

Las instituciones europeas advierten reiteradamente que España va a incumplir su objetivo de 2020 por los vaivenes regulatorios, el frenazo total al mercado y la retroactividad

Incluso en la región en la que el Gobierno quiere seguir creciendo en renovables, las Islas Canarias –única con retribución específica definida y jugosa–, hay pendientes de instalar 442 MW eólicos adjudicados desde hace años que, precisamente por problemas de capacidad de la red, no van a poder terminarse hasta pasado 2016.

Por eso no es creíble que REE pronostique que en ese mismo 2016 habrá 2.500 MW más de eólica o 600 MW más de fotovoltaica, si bien aquí habrá que ver qué ocurre finalmente con la normativa de autoconsumo y con las megaplantas de centenares de megavatios. En el primer caso, salvo sorpresa mayúscula, el desarrollo será muy escaso, pero en el segundo, las empresas tienen proyectos que suman unos 30.000 MW que no precisan de ningún tipo de retribución específica para competir en el Mercado Eléctrico; quizá ocurra que la estimación del peso de esta tecnología solar al final de la década se quede corta.