Como es sabido, las consecuencias prácticas para el sector de las renovables a resultas del RDL 9/2013 de 13 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico (“RDL”) van más allá de los –adicionales- recortes a la remuneración de las instalaciones renovables. Uno de ellos, y sobre el que realizamos a continuación un breve análisis, es el impacto que tiene la reliquidación que impone el RDL sobre los representantes de las instalaciones renovables.

La disposición transitoria tercera del RDL establece que el nuevo régimen económico entra en vigor el 14 de julio de 2013 y que cuando sean aprobados los parámetros a través de los cuales se fije dicho régimen, se procederá a reliquidar lo cobrado desde el 14 de julio de 2013. Esta reliquidación puede dar lugar a la existencia de una obligación de pago de una cuantía significativa por parte de las instalaciones, problema que se acrecienta si tenemos en cuenta que en muchos casos la obligación de pago puede recaer en el representante. Los problemas que ello plantea no son pocos, especialmente si la representación es indirecta. En efecto, en este modelo el representante actúa en nombre propio pero por cuenta ajena como intermediario administrativo del generador eléctrico frente a los distintos organismos (Operador del Sistema, Operador del Mercado y/o CNMC).

“Según la citada disposición transitoria tercera del RDL podría inferirse que el legislador pareciera querer extender esta figura de pura intermediación a una de garantía de pago frente al Sistema (asunción altamente controvertida)”

Según la citada disposición transitoria tercera del RDL podría inferirse que el legislador pareciera querer extender esta figura de pura intermediación a una de garantía de pago frente al Sistema (asunción altamente controvertida). Por ello, cuando se publiquen los parámetros que sirvan para calcular la nueva remuneración y, por lo tanto, se proceda a reliquidar con efectos 14 de julio de 2013, las cantidades a las que deberán hacer frente los representantes indirectos no son pequeñas, obligando a éstos, además, a asumir posiciones que corresponden a antiguos clientes o clientes morosos.

Medidas ante la inseguridad jurídica de las renovables

Conscientes de la manifiesta inseguridad que dicha redacción provoca, se han adoptados diferentes medidas. En primer lugar, a través de la disposición transitoria quinta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico (“Ley 24/2013”) se ha establecido que los representantes indirectos podrán compensar los pagos a realizar con los derechos de cobro correspondientes a los sujetos que representan, aunque correspondan a distintas liquidaciones y aunque en el momento de llevar a cabo dicha compensación ya no fuera cliente. Además, se establece que dicha compensación dejará a salvo en todo caso, las cantidades que corresponda percibir al representante. También la disposición final quinta de la Ley 24/2013, modifica la disposición transitoria tercera del RDL, e incrementa, como mínimo, de 6 a 9 las liquidaciones a través de las cuales se procederán a realizar los ajustes que en su caso correspondan. Finalmente, el último borrador de real decreto de renovables contiene en su Disposición Transitoria Octava determinadas limitaciones de pago.

Si bien es de alabar la intención del legislador de solucionar la inseguridad jurídica que provoca el RDL 9/2013, no es menos cierto que el problema no ha sido resuelto completamente. En efecto, su redacción, por el modo en que configura la secuencia de pagos en aquellos contratos con representación indirecta, supone que estos representantes quedarán como garantes del pago de los importes resultantes de las reliquidaciones, sin que la asunción de dicha responsabilidad fuese en modo alguno objeto de pacto contractual. Si bien recurrir a principios como rebus sic standibus para modificar los contratos puede ser una solución, quizás la más adecuada venga a través de la corrección mediante las disposiciones de desarrollo.