Desde la famosa Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, allá por 1992, los responsables políticos de la llamada comunidad internacional –los Gobiernos y los gobernantes– han hablado mucho, y con grandilocuencia, sobre la necesidad de combatir el cambio climático, pero han hecho muy poco. En estas dos décadas sólo han conseguido alcanzar un acuerdo, el famoso Protocolo de Kioto, pero no se han acogido a él muchísimos países, entre los que se cuentan los que más gases de efecto invernadero emiten, China (27%) y EE UU (14%). Hace algunas semanas, los gobernantes volvieron a reunirse en Varsovia con la intención de alcanzar acuerdos que frenen el cambio climático.

En esta ocasión, abundando en la habitual vanilocuencia, acordaron “intensificar los preparativos nacionales” para su “contribución” a la mitigación del cambio climático. Tienen tan poca voluntad de pacto que incluso sustituyeron la palabra “compromiso” por “contribución” en el texto final. La comunidad científica –es una pena que no gobierne más– está segura en un 95% de que el calentamiento del planeta se debe a la actividad humana y, por lo tanto, está en la mano de los seres humanos el actuar para evitarlo. Sin embargo, a la vista de lo que hacen nuestros gobernantes –en nuestro nombre–, cualquiera diría que no pasa nada, que todo marcha bien.

Cambio climático y fenómenos atmosféricos extremos

Sin embargo, ya hay muchos números encima de la mesa que sostienen lo contrario: Uno de los indicadores más claros es el impacto de los fenómenos atmosféricos extremos, cuya frecuencia y virulencia ha aumentado en los últimos años como consecuencia del incremento de las temperaturas. La aseguradora Munich Re calcula que las pérdidas económicas relacionadas con ellos han subido desde los 40.000 millones de euros anuales de los años 80 hasta los 150.000 millones de la última década.

Tantos números se han echado, que también se ha cuantificado el coste que tendría frenar el calentamiento y dejarlo en los 2º C que, según la ONU, subirán las temperaturas globales con el CO2 que ya hemos emitido desde la revolución industrial de inicios del siglo XIX. El último cálculo (William Nordhaus, Universidad de Yale) indica que el coste sería equivalente al 1,5% del PIB global de un año. Incluso, se ha cuantificado el coste de la no acción, es decir, lo que nos costará en un futuro no actuar ahora para frenar el calentamiento. El más famoso de todos los análisis es el recogido por el Informe Stern, publicado en 2006, que sostiene que las pérdidas económicas oscilarán entre el 5% y el 20% del PIB global anualmente.

Además de los argumentos económicos –que deberían ser más que suficientes– hay imperativos éticos y morales que nos deberían obligar a actuar contra el cambio climático

La magnitud de esas cifras marea al común de los mortales, y probablemente también a muchos de los gobernantes, la mayoría sin estudios científicos y enfocados en la siguiente campaña electoral. No obstante, son perfectamente válidas para que nos demos cuenta de que, sencillamente, actuar contra el calentamiento global es más barato que no hacerlo. Además de los argumentos económicos –que deberían ser más que suficientes– hay imperativos éticos y morales que nos deberían obligar a actuar contra el cambio climático.

Solidaridad intergeneracional

Los teóricos del derecho ya están hablando de solidaridad intergeneracional y están incorporando el concepto a los textos jurídicos. Más allá del componente legal de la idea, y de su plasmación en leyes y tratados, cada cual debería preguntarse si con su conducta quiere privar de un mundo mejor a sus hijos y nietos. Y los gobernantes deberían ser los primeros en hacerse la pregunta, porque son los elegidos para adoptar decisiones de calado social.

Pero la actuación contra el calentamiento global tiene muchos planos, no únicamente el internacional de los grandes acuerdos o las grandes cifras macroeconómicas. El nuestro, el de los individuos, en nuestro quehacer diario, cuando tomamos decisiones, es fundamental. Escoger entre consumir energía renovable en vez de energía fósil marca diferencias, porque las dos terceras partes de las 36.000 millones de toneladas de CO2 que se emitirán este año tendrán su origen en la combustión de petróleo, gas y carbón.