Ignacio Mateo, secretario del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, acaba de denunciar “trabas administrativas insalvables” para que las comunidades de vecinos puedan bajar el término de potencia que tienen contratado con las compañías distribuidoras, porque no dan salida a las solicitudes que reciben. Según recoge Servimedia, Ignacio Mateo cree que “son exigencias de las empresas eléctricas para proteger su negocio y mantener su cuenta de resultados”.

El año pasado el Gobierno cambió la estructura de la tarifa eléctrica, incrementando la parte fija del recibo y bajando la que varía en función del consumo. La razón: hay que recaudar más para acabar con el déficit de tarifa; con la crisis han bajado la demanda y los ingresos, y las cuentas no cuadran. El daño colateral: se perjudica el ahorro, porque no apagar la luz le duele menos al bolsillo.

 “Por cada tramo de potencia que consiga bajar un hogar, hasta ajustarse a sus necesidades reales, obtendrá un ahorro de unos 50 euros al añolo normal es bajar un tramo o dos”

Pero como el recibo de la luz ha subido un 70% en los últimos diez años y la gente quiere ahorrar, la modificación de la tarifa otorgó más importancia de la que ya tenía a la potencia contratada, excesiva en muchas ocasiones. Por cada tramo de potencia que consiga bajar un hogar, hasta ajustarse a sus necesidades reales, obtendrá un ahorro de unos 50 euros al año; lo normal es bajar un tramo o dos.

Aluvión de peticiones para bajar la potencia contratada

Cuánta potencia tienen los españoles contratada de más es un secreto bien guardado por las eléctricas, pero es una diferencia importante. Ello explica que, como dicen los periódicos, se quejen de haber recibido un “aluvión” de peticiones de reducción de potencia por parte de los consumidores. Pero en ningún caso puede justificarse que no se atiendan dichas peticiones.

Ahora el Gobierno vuelve a modificar la estructura del recibo y otorga aún más peso a la parte fija y menos a la variable: si hace un año la parte fija era el 35%, con esta segunda subida ya es el 60%. La razón: meses después de la primera modificación, el Ministerio de Hacienda no quiso dar al de Industria un crédito extraordinario de 2.200 millones para cubrir el déficit de tarifa, y el dinero hay que sacarlo de algún otro lado. El daño colateral primero: se apuntilla el ahorro. El daño colateral segundo: se incentiva aún más la bajada de potencia. Si seguimos así, pronto alcanzaremos uno de los anhelos de las eléctricas: la tarifa plana.

¡Para ayudar a las familias!

Lo sangrante del asunto es que el Gobierno afirma que aumenta la parte fija del recibo “para ayudar a las familias”. Las asociaciones de consumidores se le han tirado al cuello, lógicamente. El Gobierno, demagogo, sustenta su afirmación en que el consumo de una familia numerosa puede no salir perjudicado. Es cierto, pero, en conjunto, se carga muchísimo más sobre las espaldas del pequeño consumidor, ¿o es que los hijos de la familia numerosa se independizarán también con sus correspondientes familias numerosas?