Como es sabido, una norma es ilegal cuando entra en conflicto con otra de superior rango. En el caso de un Real Decreto, éste debe respetar las Leyes, la Constitución y todas las normas de Derecho Europeo, que tienen primacía sobre el derecho nacional.

Pues bien, el borrador de Real Decreto de Autoconsumo presentado el pasado 5 de junio entra en conflicto con diversas normas de rango superior y, por lo tanto, debería ser declarado ilegal en el improbable caso de que fuera aprobado.

Incompatible con el Derecho Europeo…

El borrador de autoconsumo choca frontalmente con diversas Directivas Europeas que regulan el sector eléctrico.

Primero de todo, y como ya ha destacado la CNMC en un informe reciente, el autoconsumo debería tener un papel esencial para cumplir con la obligación de alcanzar el objetivo del 20% de renovables en 2020, según establece la propia Directiva 2009/28/CE de fomento de las energías renovables. Sin embargo, lo que hace este borrador es justamente lo contrario, desincentivando fuertemente el autoconsumo.

Además, el artículo 13 de la Directiva de renovables establece la obligación de que los procedimientos de autorización de instalaciones sean claros, proporcionales y necesarios y que se simplifique la tramitación, incluyendo la mera notificación, para instalaciones de menor tamaño y para la producción descentralizada de energía, mientras que la propuesta va justamente en la dirección contraria.

Según la Directiva, la generación descentralizada es algo positivo, que merece ser fomentado, tal como se desprende del Considerando 6:

El cambio hacia la producción descentralizada de energía entraña numerosas ventajas, tales como la utilización de fuentes locales de energía, una mayor seguridad del suministro local de energía, trayectos de transporte más cortos y menores pérdidas en la transmisión de la energía. Dicha descentralización fomenta también el desarrollo y la cohesión de la comunidad, al facilitar fuentes de ingresos y crear empleo a escala local.”

También se vulnera el artículo 7.3 de la Directiva de Mercado Interior de la Electricidad, que obliga a los Estados a garantizar procedimientos específicos para instalaciones de generación distribuida, “teniendo en cuenta su tamaño limitado y posible impacto”. El borrador, al prever el mismo procedimiento para una instalación con y sin vertido a red, o para una instalación de 15 o de 100 kW, claramente vulnera esta obligación. Y el artículo 37.6 de dicha Directiva señala que los Estados deberán garantizar “la prestación de servicios de equilibrio, que deberán realizarse de la manera más económica y proporcionar incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren su producción y consumo”, que es justamente lo contrario de lo que hace el borrador propuesto.

Asimismo, al dificultar la labor de las empresas de servicios energéticos, entre otras cosas obligando a que consumidor y productor sean siempre el mismo titular, se vulnera también el artículo 18 de la Directiva de Eficiencia Energética.

… y también con la propia Ley Eléctrica del PP

No contento con vulnerar el Derecho Europeo, el Ministro Soria presenta una propuesta de Real Decreto que es contraria a la propia Ley del Sector Eléctrico aprobada a finales de 2013 por el Partido Popular. En concreto, se vulnera el artículo 9 de la Ley, por al menos dos motivos.

El primero de ellos es el referido a las modalidades de autoconsumo. La propuesta de Real Decreto establece tres tipos de autoconsumo, como son el suministro con autoconsumo, la producción con autoconsumo y las líneas directas. Y todas aquellas modalidades que no entren dentro de alguna de estas tres, pasan a estar prohibidas y constituyen una infracción muy grave (art.28 del borrador). Esta prohibición de todo lo que no esté permitido choca claramente con la Ley, que establece una cuarta modalidad que sirve como cajón de sastre para cualquier otro tipo de autoconsumo.

Y segundo, porque la propuesta de Real Decreto establece que los autoconsumidores paguen un cargo variable de 48 EUR/MWh, mientras que los consumidores normales pagan 45 EUR/MWh. Es decir, que el borrador discrimina contra los autoconsumidores, a pesar de que la Ley, en su artículo 9.3, dice claramente que los autoconsumidores “estarán obligados a pagar los mismos peajes de acceso a las redes, cargos asociados a los costes del sistema y costes para la provisión de los servicios de respaldo del sistema que correspondan a un consumidor no sujeto a ninguna de las modalidades de autoconsumo descritas en el apartado anterior”.

Y por último, la propuesta de Real Decreto vulnera los artículos 17.3 y 45 de la Ley, que garantizan el derecho de los consumidores vulnerables a poder beneficiarse de la tarifa conocida como “bono social”. La vulneración se produce porque el borrador impide a quienes tengan autoconsumo tener el bono social, con independencia de si se trata de consumidores vulnerables o no. Por eso, al tomar como criterio la autoproducción y no la vulnerabilidad, se entra en conflicto con el mencionado artículo.

Y por último, la propuesta de Real Decreto vulnera los artículos 17.3 y 45 de la Ley, que garantizan el derecho de los consumidores vulnerables a poder beneficiarse de la tarifa conocida como “bono social”. La vulneración se produce porque el borrador impide a quienes tengan autoconsumo tener el bono social, con independencia de si se trata de consumidores vulnerables o no.

En definitiva, que el borrador de Real Decreto, problemas formales al margen, incluso en el poco probable supuesto de que fuera aprobado a tiempo por el actual Gobierno, tendría muchas posibilidades de ser total o parcialmente anulado, debido a las numerosas ilegalidades que contiene.