El hombre es el único animal que tropieza dos veces en el mismo obstáculo, dice el refrán. El Gobierno lo acaba de demostrar con la nueva redacción del Real Decreto de Autoconsumo sobre el que acaba de abrir trámite de audiencia. En julio de 2013, dentro del paquete de la disparatada reforma energética, incluía un borrador de real decreto que mereció la reprobación no solo del sector renovable sino de instituciones como la entonces Comisión Nacional de la Energía, entidades europeas y organizaciones sociales.

El Gobierno había ido demasiado lejos en la defensa de los intereses de unos pocos para sustraer a la ciudadanía el derecho a dotarse de energía, consumirla e interactuar con la red.

 

Todos coincidían en que el Gobierno había ido demasiado lejos en la defensa de los intereses de unos pocos para sustraer a la ciudadanía el derecho a dotarse de energía, consumirla e interactuar con la red, en condiciones razonables, con la energía sobrante. Un desproporcionado e injusto peaje de respaldo que venían reclamando las grandes compañías eléctricas levantaba una barrera económica que hacía inviable para cualquier particular ejercer ese derecho a autoabastecerse de electricidad e intercambiar con la red en condiciones justas la energía no consumida o la necesaria en determinados momentos. Por si acaso el muro no era lo suficientemente disuasorio aquel borrador incluía unas propuestas de sanción para los díscolos que no legalizaran sus instalaciones de un importe similar a las previstas para un escape nuclear. Ese borrador nunca vio la luz pero, como ya se ha dicho, ha sido la norma no publicada en el BOE más eficaz de todos los tiempos. Efectivamente, ese maldito borrador logró paralizar el desarrollo de las instalaciones fotovoltaicas que muchas empresas y ciudadanos habrían instalado de no ser por el denominado “impuesto al sol” y la espada de Damocles que suponía el riesgo de sanción. Y lo habrían hecho porque los números con el coste actual de la fotovoltaica cuadran, ¡y de qué manera!

Ese maldito borrador logró paralizar el desarrollo de las instalaciones fotovoltaicas que muchas empresas y ciudadanos habrían instalado de no ser por el denominado “impuesto al sol”.

 

Ahora cuando se cuenta por semanas el tiempo que le queda de vida a este Gobierno sacan del cajón el decreto con leves retoques pero con un mismo ánimo: impedir el autoconsumo. Así, sin paliativos, aunque en esta ocasión han sido más maquiavélicos y han matizado el injustificable peaje para que sea menos escandaloso pero, al final, hechas las cuentas, no le van a salir a nadie.

De eso se trata. Se trata de anticiparse a una normativa que un futuro gobierno de distinto signo ideológico podría elaborar en unos meses en sentido contrario. Se trata de satisfacer ahora a sus clientes que no son, como debieran, sus electores sino un reducido grupo de empresas para el que han venido trabajando en esta legislatura.

El sistema eléctrico va a cambiar radicalmente lo quieran o no el gobierno y el oligopolio. Son muchos los retos, algunos muy complicados, que se plantean en ese nuevo escenario pero la solución no es apuntalar los derechos de unos pocos para limitar los derechos de la mayoría. Y en esa piedra ha vuelto a tropezar por enésima vez este Gobierno con su política (que no lo es) energética.