La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente para investigar si las grandes eléctricas están remitiendo información “equívoca” a los pequeños consumidores para que abandonen la tarifa regulada, denominada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), y se pasen al mercado libre. No es, ni mucho menos, la primera vez que el organismo regulador pone a las eléctricas en su punto de mira; en 2009 fueron sancionadas con 61 millones de euros por prácticas anticompetitivas tras una investigación que incluyó un registro de la policía en la sede de la patronal UNESA.

La CNMC también está investigando a las eléctricas por el comportamiento del Mercado Eléctrico o pool el pasado mes de diciembre, que desembocó en la intervención del Ejecutivo para defenestrar las trimestrales subastas CESUR –nos han costado 1.671 millones en sus cinco años de existencia– y establecer el nuevo sistema del PVPC; éste, desde el mes de abril, sigue las oscilaciones del pool.

Muchos de los expedientes sancionadores de la CNMC se quedan en nada, porque las compañías pueden recurrirlos en la Audiencia Nacional y no es infrecuente que los jueces fallen a favor de las empresas. Precisamente por ello, el regulador ahora se muestra muy prudente a la hora de justificar sus actuaciones y ha reducido sus multas a la décima parte: según el diario El País, si entre enero y septiembre de 2013 ascendieron a 203 millones de euros, desde entonces hasta ahora sólo suman 27,8 millones.

Ya veremos en qué quedan estos últimos encontronazos entre las eléctricas y las autoridades de Competencia, pero a raíz del asunto, merece la pena detenerse un momento a pensar sobre la necesidad de que haya un precio regulado de la electricidad para los pequeños consumidores –aquellos con una potencia contratada inferior a 10 kW–, que en la actualidad son más de 15 millones.

Puede argumentarse que mientras el mercado eléctrico sea un oligopolio, más vale que el Gobierno vele para proteger a los más indefensos frente a las empresas oligopólicas. Sin embargo… ¿Por qué el Gobierno ha obligado a esos mismos oligopolios a ofertar otro precio, fijo durante todo el año, a los pequeños consumidores? La respuesta oficial es que con ese precio semirregulado se pretende aportarles una opción más estable en su factura de la luz, sin los vaivenes diarios y estacionales del pool. Ahora bien, resulta que eso ya se ofrece en el mercado libre.

Ofertas descabelladas

Las eléctricas –pueden ser muchas cosas menos tontas– le han respondido al Gobierno con unas ofertas descabelladas, mucho más altas que las que ellas mismas tienen en el mercado libre y mucho más altas, también, que las ofertas de otras comercializadoras independientes. Indirectamente, las eléctricas han dicho que tanta protección para el pequeño consumidor no tiene sentido y que en ningún caso van a ofrecer algo contrario a sus intereses.

El Gobierno, presumiblemente, tiene miedo de que las facturas elevadas, propias de los períodos con poca producción renovable –cada vez menos, porque las tecnologías solares y eólicas se complementan: cuando hace mucho sol no hay mucho viento y viceversa–, causen descontento entre los consumidores y éstos, escasamente formados en materia energética, le culpen del monto de los recibos, sin recordar los períodos en que las facturas son más bajas.

El Gobierno se cura en salud

Es decir, el Gobierno ha pretendido curarse en salud, obligando a establecer un precio fijo anual para la electricidad, no porque tenga sentido económico, sino para poder decir “si usted no está de acuerdo con las oscilaciones, le hemos dado la oportunidad de pagar por la luz la misma cantidad de dinero todos los meses”. Como mínimo, es curioso que un partido político con fe en el mercado sacrifique ese principio ideológico y opte, desde una miope visión paternalista, por introducir un trampantojo innecesario pero electoralmente útil.

Dejar el PVPC por el mercado libre sólo tiene sentido si se contrata electricidad limpia, cien por cien renovable, y se obtiene el inmenso valor añadido de no contribuir al calentamiento global

Es absurdo que un pequeño consumidor renuncie al PVPC para acogerse a esos precios fijos anuales obligatoriamente ofertados. E igualmente absurdo es abandonar el PVPC para acogerse a las ofertas libres de las eléctricas, cuya legalidad –no ya la ética–, está en entredicho y bajo escrutinio de la CNMC. Dejar el PVPC por el mercado libre sólo tiene sentido si se contrata electricidad limpia, cien por cien renovable, y se obtiene el inmenso valor añadido de no contribuir al calentamiento global.