El pasado 4 de julio se publicó en el BOE la Sentencia 96/2014 del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Murcia contra el Real Decreto-Ley 14/2010, que impone un número máximo deliberadamente bajo de horas retribuidas para las instalaciones fotovoltaicas.

A pesar de la importancia y gravedad del asunto, el Pleno del Tribunal Constitucional nos presenta una sentencia corta, tajante y de brocha gorda, sin entrar en el análisis de fondo del asunto. A pesar de que el Gobierno de Murcia basaba su recurso en diferentes motivos de inconstitucionalidad (discriminación, confianza legítima, arbitrariedad, retroactividad, mal uso del Real Decreto-Ley), y de que el Real Decreto-Ley 14/2010 fue de plena aplicación entre el 1 de enero de 2011 y el 14 de julio de 2013, causando pérdidas millonarias a miles de pequeños inversores, el Tribunal Constitucional estima que con la aprobación del Real Decreto 413/2014 de energías renovables, residuos y cogeneración, el recurso ha quedado sin objeto material. Por lo tanto, sólo procede pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de urgencia y necesidad necesarios para poder hacer uso del Real Decreto-Ley, para concluir, como era de esperar, que sí que existían.

A pesar de la importancia y gravedad del asunto, el Pleno del Tribunal Constitucional nos presenta una sentencia corta, tajante y de brocha gorda, sin entrar en el análisis de fondo del asunto

Un incentivo muy perverso…

Al hilo de esta sentencia, cabe cuestionar, en primer lugar, la conveniencia de esta doctrina constitucional, según la cual, si la norma recurrida es derogada, ya no procede pronunciarse sobre su constitucionalidad. Por llevarlo al extremo, si mañana el Parlamento aprueba una norma que ordena asesinar a todos los propietarios de una instalación fotovoltaica antes de que acabe el año, y una vez ejecutada, es derogada, por mucho que se interponga un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional nunca tendría tiempo para pronunciarse. Evidentemente, esto es llevar las cosas al extremo. Pero lo que se quiere poner de manifiesto es que esta doctrina genera un incentivo muy perverso en favor de la procrastinación, pues cuanto más tarde el Tribunal Constitucional en pronunciarse, más probable es que la normativa sea eventualmente derogada, por ejemplo, por un cambio de Gobierno o de circunstancias económicas. Así sucede claramente en esta sentencia, pues el Real Decreto 413/2014 se publicó en el BOE el 10 de junio de 2014, y el 12 de junio se reunía el Tribunal Constitucional para dictar sentencia y declarar la falta de objeto sobrevenida.

Esta doctrina de tan dudoso fundamento contrasta claramente con la postura, mucho más proactiva y pro justiciable, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para el que el hecho de que la norma haya sido derogada no impide pronunciarse sobre su conformidad con el Derecho Europeo, siempre que esa norma haya entrado en vigor en algún momento. Así, en el caso del céntimo sanitario, si bien éste había sido derogado por España a finales del año 2012, el TJUE se pronunció sobre su incompatibilidad con el Derecho Europeo en febrero de 2014. Si se hubiera tratado del Tribunal Constitucional Español, la sentencia hubiera llegado más tarde y el fallo hubiera consistido en decir que la norma ya fue derogada.

 

… y un error garrafal

Pero es que además, y como rápidamente hizo notar el compañero Juan Castro-Gil, en su breve sentencia, el Tribunal Constitucional tiene tiempo para cometer un error garrafal que prueba un pobre conocimiento de la normativa objeto del litigio. Casi al final de la sentencia, cuando se analiza si concurren los requisitos de extrema y urgente necesidad, el Tribunal señala, como argumento en favor del Gobierno, que el Real Decreto-Ley 14/2010 prevé, en su Disposición Transitoria Segunda, una excepción al máximo de horas primadas durante tres años, para evitar los perjuicios que produciría a los productores la aplicación inmediata del recorte de las horas primadas. Sin embargo, la realidad es justamente la contraria. Durante los tres años siguientes a la adopción de la norma, el recorte de horas era mayor, y sólo transcurridos estos, se incrementaba el número máximo de horas. Por tanto, no sólo no se dio un plazo transitorio a los productores para evitar daños inmediatos, sino que justamente al contrario, primero se les aplica el recorte fuerte, y sólo tres años después se moderaba.

Llama la atención, por tanto, que en una sentencia que escurre el bulto sin entrar en el fondo del asunto, y que en lo poco que entra, lo hace equivocándose sobre temas tan elementales, ni uno solo de los once integrantes del Tribunal Constitucional haya presentado ningún voto particular frente a esta sentencia, oponiéndose total o parcialmente a la misma.

Lo verdaderamente trágico es que la imposibilidad de defensa de los derechos de los productores de energías renovables ante los Tribunales españoles supone un duro mazazo para el Estado de Derecho

Lo verdaderamente trágico es que la imposibilidad de defensa de los derechos de los productores de energías renovables ante los Tribunales españoles supone un duro mazazo para el Estado de Derecho. Primero se recurrieron las liquidaciones provisionales, y la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo dijeron que no eran actos recurribles. Y ahora el Tribunal Constitucional se saca de la manga el as del objeto sobrevenido para evitar pronunciarse sobre la constitucionalidad de los recortes a la fotovoltaica. En conclusión, que en España, si bien sobre el papel existen los derechos, no hay forma de hacerlos valer, por culpa de un sistema judicial formalista, rígido y anticuado. Tras leer esta sentencia del Constitucional, me reafirmo aún más en mi convicción de que sólo desde la Unión Europea podremos asegurar el respeto del Estado de Derecho en España.