Aunque suene a broma, el Defensor del Pueblo acaba de pedir que los ciudadanos españoles sean tratados igual de bien que los ciudadanos extranjeros. Resulta que el Gobierno está modificando retroactivamente la regulación de las energías renovables, mermando severamente la rentabilidad prevista de las inversiones, y claro, todo aquel inversor que puede, denuncia que se han vulnerado sus derechos y reclama, exigiendo una compensación. El problema es que la justicia no responde igual a todos.

De acuerdo con el entramado jurídico internacional, hay situaciones en que los foráneos tienen más derechos que los autóctonos; en el caso que nos ocupa, un jubilado de Pensilvania tiene más posibilidades de recibir una indemnización que un jubilado de Calatayud. Por eso, el Defensor solicita que sus compatriotas “no reciban peor trato que los inversores signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía”.

El Defensor solicita que sus compatriotas “no reciban peor trato que los inversores signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía”.

El Tratado de la Energía, firmado en 1997 por la UE y algunos países, como EE UU, busca salvaguardar las inversiones en el estratégico sector energético y permite a los países firmantes someter sus diferencias al fallo de cortes internacionales. Así, el fondo de pensiones del jubilado pensilvano puede denunciar a España por el recorte en las renovables y exigir una compensación, pero nuestro jubilado bilbilitano no puede; él tiene que recurrir a los tribunales internos y sólo después, tras un vía crucis incierto de varios años, acudir a los tribunales de la UE.

Además, en España, el Tribunal Supremo ha establecido una doctrina que maniata a los jueces nacionales y avala al Gobierno a no reconocer el daño patrimonial causado. Y por si eso no bastaba, el complejo y largo proceso de liquidación del sector eléctrico ha impedido que se presentasen las denuncias durante tres años.

Casi una decena de reclamaciones en el Banco Mundial

En cambio, ya hay casi una decena de reclamaciones contra el Reino de España presentadas en el Banco Mundial –en el CIADI– y en otros centros de arbitraje reconocidos; los fondos de inversión y las empresas internacionales afectadas no están perdiendo el tiempo, porque se juegan cientos de millones de euros. El Gobierno, por su parte, ha tenido que aumentar la plantilla de la Subdirección General de Servicios Contenciosos de la Abogacía General del Estado para hacer frente al aumento de pleitos.

Cuando se cometió el primer atropello regulatorio, con el ya famoso Real Decreto-ley 14/2010, muchos bufetes de abogados –demasiados– comenzaron a ofrecer sus servicios a los afectados. Daban esperanzas a corto plazo y ciertas expectativas de éxito a largo. Poco más, como demuestran las muy bajas minutas que proponían a cambio de sus servicios, que ellos mismos justificaban por la similitud de los casos y los ahorros de escala que esperaban obtener con una gran bolsa de clientes.

Muchos desconfiaron de la firmeza de sus posibilidades, pero la situación ha cambiado radicalmente. Lo que pudo ser un episodio aislado, de una escala incapaz de influir en la Justicia –quizá sea ciega, pero no es sorda, como demuestra la mencionada doctrina del Tribunal Supremo–, se ha convertido en práctica habitual, inaceptable entre estados que pretenden la concordia.

¿Cuál es la “estrategia” del Gobierno?

Al Gobierno no le interesa recibir un laudo condenatorio en las cortes de arbitraje, porque daría alas a las reclamaciones de los damnificados nacionales. Su estrategia consiste en demorar los procesos –cuanto más tarde pague, mejor para el endeble erario público–, y lo más probable será que, cuando los plazos estén apurados, zanje los pleitos pactando las indemnizaciones con los demandantes.

La estrategia del Gobierno consiste en demorar los procesos –cuanto más tarde pague, mejor para el endeble erario público

¿Qué ocurrirá después con el jubilado de Calatayud? Pues que tendrá que seguir con el rosario de recursos y tribunales hasta llegar al plano internacional, la UE, tal y como estaba previsto. Y contra eso clama el Defensor del Pueblo, reclamando Justicia, así, con mayúsculas, y denunciando una curiosa paradoja: “Los inversores españoles se verían perjudicados comparativamente en su acceso a las pertinentes medidas compensatorias, cuando precisamente una de las obligaciones de la Carta Europea de la Energía es el principio de trato nacional, tendente a garantizar que los Estados signatarios no favorezcan a sus propios nacionales, frente a los extranjeros”.

A veces se oye decir por ahí que con las cosas que pasan en España, dan ganas de hacerse inglés, pero en esta ocasión resulta que no es un dicho metafórico, sino literal.