Ya parió. Han pasado 11 meses desde que se conocieron los primeros borradores de la nueva regulación de las renovables, pero ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. El resultado: un desastre para todos aquellos que invirtieron en generación limpia confiando en la validez de la letra virtual del BOE, un desastre para la seguridad jurídica del país, un desastre para las empresas del sector y un desastre para todos, porque la paralización de las renovables durante años no puede verse de otra manera.

Las razones sobre las que se apoya el Gobierno para sacar la citada norma, que reduce la retribución de la generación limpia en un 30%, son teóricamente económicas, pero la realidad es otra.

De acuerdo con los cálculos del Gobierno, con la regulación ya derogada, las renovables habrían cobrado 200.000 millones de euros hasta el final de su vida útil, dentro de un par de décadas, y con el recorte aplicado sólo cobrarán 140.000 millones. Las cifras, desde luego, son impresionantes, pero son propias del mundo de la energía, en el que las magnitudes son superlativas.

Para poner esos números en contexto hay que considerar, por ejemplo, lo que nos cuestan las importaciones de combustibles fósiles. También según los datos oficiales, éstas nos exigen desembolsar 100 millones de euros diarios –el cálculo incluye las exportaciones de productos refinados–, lo que, en 20 años, arroja la bonita cifra de 730.000 millones de euros, cinco veces más que el coste de las renovables, sin tener en cuenta las perniciosas externalidades de las energías fósiles ni el imponderable estratégico de que el abastecimiento energético dependa de otros.

Si a eso le añadimos los efectos positivos de las energías verdes, el resultado es muy distinto. La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha calculado que los ahorros que las renovables le proporcionarán a nuestra economía por varias vías –reducción del precio de la electricidad, exportaciones, pagos de CO2 evitados…– ascienden a 214.000 millones de euros, una cantidad muy superior al coste estimado por el Gobierno para justificar su actuación.

Prejuicios ideológicos

El Gobierno ha actuado como lo ha hecho porque tiene un prejuicio ideológico contra las renovables cuyo contrapunto es el ciego apoyo al átomo. Pruebas de ambas afirmaciones son, por un lado, que la Fundación FAES, presidida por José María Aznar, ideó los pilares de la reforma energética, y por otro, el deceso y la resurrección de la central nuclear de Garoña. Alguien debería explicarles a nuestros gobernantes que un kilovatio no es de izquierdas o de derechas; es limpio o sucio, caro o barato, autóctono o importado, pero no entiende de ideologías.

Alguien debería explicarles a nuestros gobernantes que un kilovatio no es de izquierdas o de derechas; es limpio o sucio, caro o barato, autóctono o importado, pero no entiende de ideologías

La situación de las infrautilizadas centrales de gas –operan al 20% de su capacidad– también ha pesado mucho en la decisión del Gobierno, mas no por afinidad ideológica, sino por la presión de las empresas eléctricas –puede usted poner la mano en el fuego a que serán destino laboral de varios ministros actuales–, que no paran de perder dinero con ellas. Tanto al uno como a las otras les encantaría cerrar varios ciclos combinados temporalmente, pero de momento REE, el operador del sistema eléctrico, considera que su disponibilidad es imprescindible para garantizar el suministro de energía.

Se supone que REE sabe lo que dice y actúa de un modo neutral, pero esto último resulta muy chocante, sobre todo cuando las centrales de carbón están recibiendo ayudas –unos 450 millones de euros al año de coste extra– para poder operar en un mercado de precios bajos por la producción renovable. ¿No deberían cerrar las centrales de carbón, que además de ser muy caras emplean el combustible fósil más contaminante de todos?

Sólo en Canarias y Baleares

Con independencia de lo que le venga bien o mal al sistema eléctrico español, en los próximos años sólo vamos a ver nuevas instalaciones de tecnologías renovables si éstas, además de producir energía limpia, cumplen otra función importante –como ocurre con las plantas de biogás procedente de las depuradoras de agua– o se levantan en las islas Canarias o Baleares.

Allí sí se van a construir plantas renovables, porque son mucho más baratas que las tecnologías convencionales –en Canarias la luz cuesta cinco veces más que en la península, aunque ese coste se diluya entre todos los consumidores–, y se regirán por un sistema de subastas en el que el Gobierno central es plenipotenciario, para desazón de los gobiernos autonómicos.

Irónicamente, en una muestra más del profundo conocimiento que el Gobierno demuestra tener sobre las tecnologías limpias, la regulación de las renovables en los territorios no peninsulares –también entran Ceuta y Melilla, pero con posibilidades muy limitadas por lo reducido de su territorio– contempla el establecimiento de incentivos para ellas, a pesar de que no los necesiten.

Hasta que no se produzca el cambio de década, si no hay un improbable terremoto energético de máxima categoría, como que haya un accidente nuclear en Francia o que Rusia se haga un flaco favor y cierre los gasoductos que la unen a la UE, no volveremos a ver nuevas instalaciones de renovables. Lo pagaremos todos y lo sentiremos muchos, entre los que no se encuentran los señores que dirigen el Estado y que buscan el bien común de unos pocos afines.