El Gobierno creó recientemente un Registro de huella de carbono para que las empresas que lo deseen calculen, reduzcan y compensen sus emisiones de CO2. Sin embargo, esa voluntariedad tendrá una importante excepción: si se quiere trabajar con el Estado, participar en el proceso de la compra pública, habrá que inscribirse obligatoriamente, tal y como ha desvelado la Oficina Española de Cambio Climático.

Esa obligación afectará al cálculo de las emisiones y a su reducción, es decir, las empresas tendrán que conocer su contribución al efecto invernadero y aplicar medidas para disminuirla. Tras anotar el resultado en el Registro, obtendrá un sello acreditativo y podrá optar a los concursos y licitaciones. La compensación de las emisiones restantes seguirá siendo opcional.

Esa obligación afectará al cálculo de las emisiones y a su reducción, es decir, las empresas tendrán que conocer su contribución al efecto invernadero y aplicar medidas para disminuirla

 

El Reino de España, por su parte, podrá contabilizar los ahorros de emisiones recogidos en el Registro en su propio cálculo de CO2, de modo que contribuyan a alcanzar el compromiso adquirido con la UE. Como el país emite más de lo que debe, ya nos hemos gastado casi 850 millones de euros en comprar Derechos de Emisión a otros socios comunitarios, como Polonia.

Además, gracias al Registro será más fácil incorporar al Mercado de Derechos de Emisión a los llamados ‘sectores difusos’ de la economía, que representan al 60% del total, y que no están sometidos al régimen obligatorio de emisiones de CO2. Éste sólo afecta a determinadas actividades, como las energéticas o la producción de acero y cemento.

 

Compra pública verde

 

La vinculación de la inscripción en el Registro a la compra pública, que se quiere empezar con el cambio de año en la contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se alinea con el frecuente establecimiento de criterios de sostenibilidad aplicados en la llamada “compra pública verde”, impulsada desde la cúpula de Bruselas.

La compra pública, de acuerdo con un reciente estudio de la Universidad de Alcalá de Henares, representa el 16% del PIB en España y el 20% en la UE. De toda la Administración española –estatal, autonómica y local–, aproximadamente un 40% contrata verde, es decir, incluye criterios ambientales para seleccionar proveedores, como disponer de vehículos híbridos, adquirir papel reciclado, reducir el consumo de agua o lucir la ISO 14.001 o el EMAS.

El cálculo y la reducción de las emisiones de tu empresa –y la consecuente inscripción en el Registro de huella de carbono– va a ser una exigencia para trabajar con el Estado dentro de muy poco

Pues bien, el cálculo y la reducción de las emisiones de anhídrido carbónico de la empresa –y la consecuente inscripción en el Registro de huella de carbono– va a ser una exigencia para trabajar con el Estado dentro de muy poco. ¿Y sabes cuál es la forma más fácil y rápida de reducir las emisiones de tu empresa? Sí, sí, esa: contratar electricidad cien por cien renovable.