El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los concesionarios de las nueve autopistas de peaje en quiebra, la mayoría radiales de la conurbación de Madrid. La banca nacional también está conforme, a pesar de soportar una quita del 50%. La banca internacional, por el contrario, no quiere asumir los 350 millones de pérdidas que les corresponderían, de acuerdo con el pacto muñido, en el que afirman no haber participado, y sostienen que reclamarán en tribunales internacionales. Los españolitos, por nuestra parte, podemos despedirnos de todo el dinero público que se destinará a rescatar las infraestructuras: 2.300 millones de deuda de las actuales concesionarias, más otros 130 millones con los que el ICO participó en su financiación.

Es frecuente que se compare la situación de las renovables con la situación de las autopistas, convertidas en dos ejemplos de los años en que vivimos peligrosamente sin saberlo, como los aeropuertos fantasma. Las empresas que construyeron las autopistas han encontrado una salvación que también se ha aplicado a la banca, cuyos devaluados bienes inmuebles están en manos de la Sareb, que, por cierto, acaba de anunciar pérdidas de 261 millones durante su primer año de existencia.

El Gobierno, cuando decidió que iba a recortar la retribución de la energía limpia hasta superar el nivel de solvencia de muchas instalaciones, también barajó la solución de la nacionalización, pero la apartó cuando, llegado el punto de negociar las condiciones del rescate con las empresas afectadas, se dio cuenta de que no disponía de fondos para hacerlo; la deuda de las renovables, que algunos cifran en 45.000 millones, es demasiado elevada.

Convencido de que el hachazo que arreará a las renovables con el nuevo sistema de pagos por costes de inversión –hay reducciones superiores al 40%– no se llevará por delante a las iberdrolas, accionas, abengoas y demás actores importantes del sector, el Gobierno ha decidido seguir adelante, sin importarle quien cae y quien se salva.

El Gobierno está convencido de que el hachazo que arreará a las renovables con el nuevo sistema de pagos por costes de inversión –hay reducciones superiores al 40%– no se llevará por delante a las iberdrolas, accionas, abengoas y demás actores importantes del sector, el Gobierno ha decidido seguir adelante, sin importarle quien cae y quien se salva

La banca nacional, que en el caso de las autopistas ha considerado la quita y la nacionalización como un mal menor –hasta dentro de 20 años, con suerte, no habrá tráfico suficiente para amortizar las vías–, realmente no ha movido ficha en el caso de las renovables. Considera que, aunque haya concursos de acreedores, la mayoría de las instalaciones –las que no soportan costes operativos relevantes– seguirán generando ingresos regularmente, de modo que confía en capear el temporal, con independencia de lo que les ocurra a los actuales y endeudados propietarios.

La banca extranjera y los fondos de inversión privada y pública que apostaron por la energía limpia en España no lo ven igual. Además están sujetos a leyes distintas –aquí el Tribunal Supremo ha validado la patente de corso del capitán Soria y el contramaestre Nadal– y han optado por denunciar al país en las cortes de arbitraje internacional. Los expertos prevén que el Gobierno alcance pactos compensatorios con ellos para evitar condenas con laudos que avalen las reclamaciones de los afectados nacionales.

El peregrinaje por los tribunales europeos, por lo tanto, es la única salida que parece quedar a los desamparados productores españoles de energía limpia, pero es incierta y larga: 10 años ha tardado la sentencia que condena a España a devolver el llamado céntimo sanitario de los carburantes. Empero, la iniciativa de nuestros jueces podría ayudarles, planteando cuestiones de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional –cuya doctrina no es tan favorable a las tesis corsarias– u obrando directamente, como afirma José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, una de las autoridades que, como Ramón Tamames, consideraban inconcebible lo que está pasando con la seguridad jurídica antes de que hubiera pasado.

El peregrinaje por los tribunales europeos es la única salida que parece quedar a los desamparados productores españoles de energía limpia, pero es incierta y larga: 10 años ha tardado la sentencia que condena a España a devolver el céntimo sanitario

A Martín Pallín, como ha declarado recientemente durante una jornada de Tendencias IPM en Energía, le gustaría “poner a la Sala Tercera del Supremo frente al espejo”. En su opinión, debería reunirse el Pleno para revisar la doctrina aplicada por dicha Sala, “al igual que ha hecho para casos mucho menos importantes, como la reciente anulación del indulto que el Gobierno concedió a un kamikaze de autopista en diciembre de 2012”.