Recientemente Gesternova ha empezado a trasladar a sus clientes con potencia contratada igual o menor a 10kW en una línea separada de la factura eléctrica el coste del bono social que el gobierno calcula para cada comercializador.

El Gobierno diseñó el bono social, como mecanismo de descuento para proteger a los hogares más desfavorecidos. Para solicitarlo hay que cumplir varias condiciones. Primero, hay que tener una potencia contratada menor o igual a 10 kW y un contrato de electricidad de PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), este precio está regulado por el Gobierno. Las únicas comercializadoras que pueden ofrecer este producto regulado son las Comercializadoras de Referencia, estas se encuentran fuera del llamado mercado libre.

Además, la unidad familiar tiene que estar por debajo de un determinado umbral de renta, tener una pensión mínima o ser familia numerosa, no importando en este caso la renta familiar con lo cual hogares con ingresos muy elevados pueden beneficiarse de este bono. El descuento que se aplica es de un 25% sobre la suma del término de potencia y energía y, si la familia es considerada “consumidor vulnerable severo”, el descuento es un 40%.

¿Quién asume el descuento que el Gobierno aplica a los acogidos al bono social?

Anteriormente era financiado por las grandes eléctricas, operadores dominantes de mercado que son los grupos energéticos que desempeñaban al mismo tiempo la actividad de generación, distribución y comercialización tanto en mercado libre como en mercado regulado, siendo en este último donde ofrecían el mencionado PVPC y el bono social.

Desde Europa, tras sucesivos recursos, se determinó que este sistema de financiación no era ajustado a Derecho. Como consecuencia, el Gobierno publicó a finales de 2016 un Real Decreto para modificar este sistema, de tal manera que ahora deben ser todas las comercializadoras las que soporten la financiación del bono social, independientemente de si pueden o no ofrecerlo a sus clientes, y además lo deben soportar en función del número de clientes, y no por la energía comercializada, es decir, respecto a la cantidad a aportar para la financiación del bono social una comercializadora que tiene 5 suministros de viviendas, pagará 5 veces más que una comercializadora que suministre a un único cliente como una gran fábrica, aunque ésta consuma como 1.000 viviendas. Se estima que el coste del bono social es de unos 235 millones de euros anuales.

Entendemos que este coste, debe repercutirse a nuestros clientes, alineados con el criterio de la CNMC que no ve impedimento en forma de proceder.

¿Y cómo me afecta siendo cliente de Gesternova?

En Gesternova, dado que un porcentaje elevado de nuestra cartera se compone de suministros de viviendas que tienen un perfil de consumo generalmente bajo, esta normativa nos obliga a sufragar una cantidad del bono social que entendemos es desproporcionada, con el agravante de que no podemos además ofrecer dicho servicio a nuestros clientes.

Siempre hemos orientado nuestro trabajo a ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes junto con unos precios competitivos, como se puede comprobar trimestralmente en el comparador de comercializadores de la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia), en el que nuestras ofertas se encuentran habitualmente en las primeras posiciones. Conseguir estos precios bajos se logra ajustando nuestro margen de beneficio. Y, al ser la resolución sobre quién debe hacerse cargo del bono social, algo que no se ha podido prever, nos hemos visto obligados a trasladar este coste mensualmente en las facturas de luz de forma que el cliente conozca de primera mano y pueda identificar el coste que se le trasladará en su factura por este concepto.

El coste es de alrededor de 1€ cada mes (más la parte retroactiva de 2017), y lo reflejamos en la factura como concepto diferenciado “Financiación bono social” con el fin de ofrecer una información transparente.

Son los Presupuestos Generales del Estado (que son los que aseguran el principio de redistribución de rentas) los que deberían soportar el bono social. Es una prestación del Estado que va más allá del funcionamiento del sistema eléctrico. Por supuesto, esta medida debe acompañarse de otras en materia de ahorro y de eficiencia energética, empezando por la rehabilitación energética de los edificios cuyo estado a estos efectos incide en la pobreza energética.